La empresa Monsanto no ha comercializado en Campeche semillas genéticamente modificadas, por lo que es falsa la información de la siembra de 23 mil hectáreas de soya transgénica, afirmó el director Jurídico de la transnacional, Rodrigo Ojeda De-Koning.
“Desde el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo a finales de 2015, en donde se ordenó la consulta a los pueblos mayas y la suspensión de siembra de semilla transgénica, cancelamos actividades en Campeche”, afirmó en entrevista vía telefónica.
Luego de las denuncias de los integrantes del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Monsanto aseguró que en la Península de Yucatán no están vendiendo semillas de soya transgénica.
“No se ha comercializado ninguna semilla genéticamente modificada, porque nos apegamos a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que ordenó la consulta popular en seis poblados que se inconformaron, y son San Francisco Suc-Tuc, Xmabén, Cancabchén, Pakchén, Ich-Ek y Bolonchén de Rejón, no en los 34 pueblos que ahora pretenden involucrar”, sostuvo.
Un juez de Distrito de Campeche, confirmó, validó un acuerdo para que la consulta se realice en “esas seis comunidades. De verdad que no entendemos porqué los pueblos indígenas mayas han tardado más de dos años en una consulta. Después de 48 meses, apenas están en la etapa de acuerdos previos”.
El pasado primero y ocho de marzo de 2016 los integrantes del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes reconocieron que son seis las comunidades a las que se les tiene que consultar, reveló.
Sin embargo siguen dilatando la sentencia de la Suprema Corte, lo que deja en claro que estas personas no están a favor del Estado de Derecho, sino pretenden imponer sus usos y costumbres, cuando todos los mexicanos tenemos que someternos a la ley.
Desde hace dos años, aseguró, por acciones que emprendió un grupo de apicultores, los agricultores de Campeche y de la Península de Yucatán no han podido tener acceso a los productos que comercializamos y que ofrecen grandes ventajas, como el glifosato que es un herbicida y que ha sido satanizado, cuando en realidad es un producto de baja toxicidad.
Insistió en que “se hará valer la determinación de la SCJN de que la consulta se tiene que realizar con los pueblos que se inconformaron, por quienes se consiguió una sentencia y amparo. No podemos permitir que se siga dilatando el tema de la consulta, porque nos parece que existen intereses políticos y económicos poco claros en Campeche, para que no puedan comercializar nuestros productos.
