El Ejecutivo declaró a Yucatán zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados, así como de productos contaminados, para fines agropecuarios o para la producción de insumos de uso humano y agropecuario a fin de preservar la biodiversidad, la agrobiodiversidad y la calidad de los productos de las comunidades rurales y costeras.
De acuerdo con el Decreto 418 publicado el miércoles pasado en el Diario Oficial, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Rural, será la dependencia encargada de la promoción de los cultivos orgánicos en la Entidad.
Para lo anterior, el documento establece la necesidad de fomentar la inclusión de los productores agrícolas en el cultivo orgánico; promover la entrega de semillas libres de organismos genéticamente modificados; capacitar a los productores agrícolas sobre los cuidados de los cultivos.
Asimismo, deberá supervisar los cultivos para su correcto funcionamiento e implementar esquemas de acción para la comercialización de los productos orgánicos.
En el decreto se explica la necesidad de “aplicar el principio de precaución ante el daño moralmente inaceptable de amenaza para la salud por la presencia de soya transgénica y el uso extensivo de agroquímicos”.
La intención es evitar el daño grave e irreversible a la actividad apícola, “porque es injusto para las futuras generaciones, y porque atenta contra los derechos humanos de los productores mayas milperos o productores de miel”.
Este decreto del Gobierno del Estado se publicó mientras apicultores campechanos y yucatecos enfrentan un conflicto legal con la empresa transnacional Monsanto, para impedir que siembre soya transgénica en la región.
Como se recordará, en noviembre del 2015 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el permiso concedido a la transnacional Monsanto para la producción de soya transgénica en la Península de Yucatán, lo que significó un triunfo para los apicultores mayas que se habían amparado.
Sin embargo, en esa ocasión los magistrados ordenaron que se realicen consultas públicas con productores indígenas de Campeche y Yucatán, para conocer si las comunidades rurales están a favor de esos cultivos.
El documento refiere que la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 1, fracciones II y IV, tiene por objeto garantizar el derecho de todos los habitantes del Estado a disfrutar de un ambiente ecológicamente equilibrado, que les permita una vida saludable y digna; y preservar y restaurar el equilibrio de los ecosistemas para mejorar el medio ambiente en el Estado; así como prevenir los daños que se puedan causar a éste, de tal forma que las actividades de la sociedad y la obtención de los beneficios económicos sean compatibles con la conservación y la preservación de los recursos naturales y del ambiente.
Además, señala que, en su artículo 2, fracciones II y III, considera de utilidad pública la conservación, protección y el manejo adecuado de los sistemas ecológicos; y la prevención, regulación y control de las actividades industriales, agropecuarias, comerciales, de servicios y demás que contaminen el ambiente; así como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales y de ecosistemas necesarios para asegurarlos.
Además, argumenta que el Estado de Yucatán se distingue a nivel nacional e internacional por su diversidad de flora y fauna, sus paisajes kársticos representados principalmente por cavernas y cenotes, su riqueza arqueológica y su milenaria cultura maya que persiste hasta nuestros días.
Asimismo indica que el aprovechamiento integral y diversificado de los recursos naturales del Estado de Yucatán se realiza en un ambiente vulnerable a los fenómenos meteorológicos, como huracanes y tormentas tropicales, que arrasan con los cultivos y, por consecuencia, con los plaguicidas, los cuales contaminan los recursos hídricos que constituyen su principal riqueza.
Y anota que el Gobierno del Estado de Yucatán ha implementado políticas públicas para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se distribuyen en la Entidad.
Y describe que, del total del territorio estatal, más del 17% se encuentra bajo esquemas de protección, sobresaliendo toda la zona costera. De igual manera, la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, ubicada al Sur del Estado, contiene el 22% de las selvas, el 20% del hábitat potencial de especies como el jaguar y el 16% de las áreas de recarga del manto acuífero estatal.
Asimismo indica que la población que habita en el interior del Estado tiene como base para su subsistencia la biodiversidad y agrobiodiversidad, que es manejada y cuidada a través de prácticas tradicionales como el sistema de la milpa, que se caracteriza por la siembra de diversas especies de cultivos, los cuales benefician a las familias, así como por otras actividades complementarias como la producción de miel, que es altamente cotizada en el extranjero, la ganadería de traspatio y la silvicultura. En concreto, más de 45,000 familias trabajan y dependen económicamente de este sistema agroforestal que distribuye ingresos familiares por más de 130 millones de pesos anuales.
Refiere que, en los últimos años, ha crecido la demanda de aceites y grasas de origen vegetal, así como el procesamiento de sus subproductos para la elaboración de forrajes destinados a la producción pecuaria, por lo que el impulso al monocultivo extensivo de oleaginosas ha requerido expandir la frontera agropecuaria. El combate y control de plagas y malezas ha requerido el uso cada vez más intensivo de plaguicidas y herbicidas, generando graves daños a la biodiversidad y a la calidad del agua y del suelo del estado.
