El 8 de febrero de 2012 se reformó el artículo 4° Constitucional para incluir el derecho humano al agua y al saneamiento en su párrafo sexto:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” dice desde entonces la Constitución.
En aquella ocasión también se estableció en el artículo 3° transitorio, que en un plazo de 360 días se expediría una Ley General de Aguas; pero, al día de hoy han transcurrido más de 3,200 días y aún no se ha logrado, a pesar de que ha habido varios intentos; primero, la llamada Ley Korenfeld en 2015; luego, la Iniciativa que impulsó el Diputado Pichardo en 2018, y ahora el que impulsa el Diputado Feliciano Flores Anguiano, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.
El diputado ha anunciado que el próximo 2 de diciembre, la Comisión dictaminará la Ley General de Aguas para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. Reiteró que se tomaron en cuenta las propuestas de 35 foros que se realizaron en las 32 entidades del país, y también reconoció que se tenía planeado elaborar un proyecto más amplio, que incluyera la reglamentación para el artículo 27 Constitucional y no sólo para el artículo 4º, “pero los tiempos legislativos, la difícil situación económica por la que atraviesa el país y no tener los consensos adecuados limitaron la propuesta”, dijo el legislador.
El proyecto que tienen los diputados para su dictaminación ha generado reacciones adversas entre varios grupos, principalmente entre los integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos. La Coordinadora expresó en un comunicado su rechazo a lo que ha llamado la Ley Mata-Flores (el Diputado Mata del PAN es otro de los impulsores de esta Iniciativa), porque consideran que una Ley General de Aguas que coexistiría con la Ley de Aguas Nacionales, limitaría el Derecho Humano al Agua solamente al uso doméstico y no le daría un sentido integral, pero además limitaría la participación ciudadana en la gestión de las aguas nacionales, que es por lo que más han estado luchando.
También ha generado desconfianza en el medio hidráulico nacional, no se ha difundido ampliamente su contenido, algunos apenas ayer conocieron del mismo después de la conferencia de prensa y los comentarios no son del todo positivos.
La Comisión Nacional del Agua no se sabe si participó en esta decisión (no creo) y tampoco se sabe si opinó sobre el contenido, lo que la titular ha dicho en repetidas ocasiones es que el “proyecto del ejecutivo” estará listo en 2021 para ser sometido a aprobación en 2022, en el segundo tramo del gobierno federal. ¿Eso habrá pedido el Presidente? ¿Entonces para qué hacer que la Cámara baja tenga este desgaste?
Por lo que se ve, no se cuenta aún con los consensos necesarios para esta iniciativa de Ley. Y el apresurar su aprobación puede ser un error de graves consecuencias para el país. Personalmente considero que es un acierto separar la Ley que reglamentaría el 4º constitucional de aquella que reglamenta el 27, la Ley de Aguas Nacionales necesita corregirse, pero derogarla en este momento provocaría un entorno de incertidumbre aún mayor. La Ley General de Aguas debió publicarse hace siete años, veremos que pasa con este nuevo intento.
JUAN CARLOS VALENCIA. EL SOL DE MÉXICO.
