Más de 500 unidades, entre motos acuáticas y yates ilegales, atentan contra patrimonio.
Más de 300 embarcaciones y 200 motos acuáticas prestan servicios turísticos en el Parque Marino Cancún-Isla Mujeres de manera ilegal, situación que pone en riesgo a los arrecifes de esta área protegida.
“Estamos rebasados”, dice Francisco Fernández Millán, presidente de Asociados Náuticos de Quintana Roo.
Aunque es un problema identificado desde 2019, con la pandemia se ha disparado más de 200 por ciento la presencia de operadores pirata, afirma.
Este corredor turístico es parte del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, área natural protegida decretada en julio de 1996, con una superficie de ocho mil 673 hectáreas.
Aquí se realizan actividades de buceo, kayakismo, observación de flora y de fauna, paseos en barco, paseos en lancha, snorkel, entre otras, para lo cual se requiere un permiso especial de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
En la actualidad, 613 embarcaciones motorizadas y 100 no motorizadas cuentan con permiso para llevar a acabo actividades en los arrecifes del Parque Nacional. Pero hay por lo menos otras 500 unidades que operan de manera irregular.
Arturo González, encargado de la dirección del Parque Nacional, explica que hay un número finito de permisos porque la reserva tiene una capacidad de carga establecida en el Programa de Manejo, con la que se busca evitar la sobreexplotación de los recursos naturales por las actividades humanas.
Las embarcaciones privadas pueden navegar en la zona, pero no tienen permitido hacer actividades comerciales. No obstante, en Facebook decenas de publicaciones promocionan paseos en yates privados o renta de motos acuáticas por día u horas.
Además de rebasar la capacidad diaria del área, las unidades pirata no respetan las reglas: se anclan en zonas no permitidas, los turistas no llevan chaleco salvavidas, usan bloqueador solar, pisan los arrecifes, alimentan a la fauna, detalla el director.
Los prestadores de servicios turísticos regulados están sujetos al estricto cumplimiento de las normas para conservar sus permisos, reciben capacitación y éstos deben pagar el costo de un brazalete por cada turista que hace uso del Parque Nacional. Los irregulares evaden este cobro.
La denuncia de las unidades sin permisos ha representado un reto mayúsculo para la dirección del Parque.
“Las vas identificando porque tenemos un número determinado de permisos y sabemos quiénes son. Cuando vemos embarcaciones, los guardaparques se acercan y preguntan. Te dicen que llevan a familia o amigos, pero pasa que un día de la semana llevan a familia con rasgos asiáticos, tres días después hablan francés, luego portugués. Los identificamos e interponemos la denuncia”, indicó Arturo González.
Dichas denuncias se presentan ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Capitanía de Puerto, aunque con la primera dependencia ninguna ha prosperado y derivado en una sanción.
La Capitanía de Puerto sí ha impuesto multas, pero no ha sido suficiente para evitar que sigan funcionando, añadió González.
Los arrecifes representan uno de los principales activos económicos del Caribe Mexicano y tienen una alta relevancia ambiental.
De acuerdo con Melina Soto, de la organización Healthy Reefs for Healthy People, el arrecife presta distintos servicios a la comunidad: sirven como barrera de protección costera ante eventos climatológicos extremos, como huracanes; son hábitat de miles de especies marinas, incluidas muchas de interés comercial, como meros y langostas; de las estructuras arrecifales depende la arena blanca y la tonalidad azul turquesa que atrae a 14 millones de turistas cada año, además de que son un atractivo natural, justamente, para actividades recreativas.
Las embarcaciones y motos acuáticas irregulares también representan un problema de seguridad náutica.
El presidente de Asociados Náuticos explica que dichas unidades no cuentan con seguros contra accidentes y, al no conocer las normas, también ponen en riesgo a los turistas que hacen actividades recreativas.
Por ejemplo, refiere que las motos acuáticas pasan por cualquier zona y corren el riesgo de atropellar a una persona que hace snorkel.
“Un accidente de este tipo daña la imagen de Cancún como destino turístico. Cuando ocurre un accidente y la embarcación no tiene seguro, la prensa no distingue si era una embarcación irregular o no, nos afecta a todos”, aseveró Francisco Fernández.
El líder del sector reprochó que los dueños de dichas unidades puedan operar con tal facilidad, pues no pagan impuestos ni a la Federación ni al gobierno del estado.
Esto ha supuesto un golpe a la economía de los prestadores de servicio regulares, pues la recuperación económica después de la pandemia ha sido lenta y la modalidad de servicio irregular –comúnmente más económica– acapara gran parte de la clientela.
POR ALEJANDRO CASTRO. EL HERALDO DE MÉXICO.
