Las mujeres rurales son un factor clave para garantizar la producción agrícola y la reproducción familiar, pero ellas enfrentan un sinfín de desigualdades frente a sus pares varones e injusticias sociales, legales y culturales que les impiden desplegar todo su potencial. Las brechas que las limitan van desde el acceso a al trabajo, a créditos y a la tierra, hasta el menoscabo en el pago por su trabajo (tanto el doméstico y de cuidados como el que teóricamente es remunerado).
Tan solo en 2018, vivían 28.9 millones de personas en localidades con menos de 2,500 personas, donde al menos, el 50.8% son mujeres (INEGI, 2018), pero sólo 3 de cada 10 personas ejidatarias o comuneras son mujeres (RAN, 2019).
Estas desventajas numéricas afectan su participación en los órganos de representación ejidal y comunal, afectan su acceso a la tierra y a la participación política en sus núcleos agrarios, por ende se ahondan por decisiones discrecionales y por la visión machista que prevalece en el medio rural:
“Si las mujeres tenemos terreno propio podemos hacer muchas cosas, hay garantía para producir mi alimento y de construir mi casa. Pero lo que me limita es la ausencia de participación en la Asamblea, las mujeres no tienen voz ni voto para decidir, en el caso de ser ejidatarias reconocidas solo tienen voz, en mi comunidad solo son 5 ejidatarias. Son los hombres quienes deciden si pueden las mujeres heredar o tener posesión. Otra limitante es que también hay requisitos en el ejido: una vez fui al ejido a solicitar una parcela y me dijeron que la mujer debe estar casada con un hombre de la comunidad y no de fuera, hasta me dijeron que yo ni tenía novio. Para ser derechosa, hay que tener familia y por el simple hecho de ser mujer sin familia no puedo tener posesión”. Testimonio de Florinda Ramírez, 27 años, indígena otomí, Veracruz, México.
Es por ello por lo que el pasado 2 de Febrero el Pleno del Senado aprobó con 95 votos a favor reformar la Ley Agraria, toda vez que en la ley actual las mujeres están limitadas en su certeza jurídica, sin posibilidad de asegurar su patrimonio y el de sus familias.
La reforma agraria fue resultado del movimiento revolucionario de 1910 que dotó de tierras a la población rural del país. En el caso de las mujeres el acceso a los derechos de propiedad ha sido paulatino y en ocasiones limitado o condicionado por prácticas sociales y culturales que imperan al interior de la sociedad.
«A partir de esta modificación los ejidatarios tendrán la facultad de designar a quienes ellos decidan para sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás deberes en su calidad de ejidatarios, incluso podrán designar a su cónyuge, concubina o, en su caso, a una de sus hijas, porque en la ley actual esto no estaba contemplado», explicó el senador de Morena, Ovidio Salvador Peralta Suarez.
Reformar la Ley agraria a favor de las mujeres, les permite tener un título de ejidataria o comunera además de proveer la oportunidad de presidir a los órganos que rigen las decisiones de organización que se toman sobre la tierra.
Con información de 88.9 noticias y la Gaceta oficial del Senado de México.
