La expansión de la soya en esa región ha ido de la mano con procesos de arrendamiento y privatización de tierras que antes eran ejidales bajo tenencia colectiva, y subsidios gubernamentales que benefician, sobre todo, a grandes productores.
Si se le mira desde las alturas, el campo menonita Nuevo Progreso es un manchón de tonalidades cafés que se extiende en forma irregular sobre una alfombra verde. A ras de suelo solo se ven cultivos uniformes que parecen prolongarse al infinito. Es difícil imaginar que en ese paisaje acre y homogéneo hace 35 años existía selva.
En el norte, sur y centro de Hopelchén —municipio a 94 kilómetros de la capital de Campeche, en la Península de Yucatán—, las imágenes satelitales más recientes y que están disponibles en la plataforma Google Earth Engine muestran el mismo panorama: la pérdida del bosque tropical, conocido como la selva maya, y cómo su lugar es tomado por extensos campos de cultivo. Ese patrón, de acuerdo con las imágenes, se agudizó a partir del 2000 y se aceleró después del 2004.
En Hopelchén se pierde el bosque tropical a un ritmo vertiginoso para dar paso a un modelo de agricultura industrial, que tiene a varios protagonistas: colonias menonitas, ejidatarios que les han vendido o arrendado sus tierras, empresas agroindustriales instaladas en la ciudad de Mérida, Yucatán, y, en especial, las políticas y subsidios que han alentado la siembra de la soya.
Antes del 2004, en Hopelchén no se cultivaba soya o, por lo menos, su presencia era tan discreta que ni se notaba. Ese año, la leguminosa originaria del este asiático fue introducida en los campos agrícolas del municipio que fueron abiertos desde los años 80 y en donde ya se cultivaba, sobre todo, maíz híbrido. Los datos del anuario estadístico de la producción agrícola del Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) permiten conocer que las 220 hectáreas donde la soya se sembró no representaban ni el 1% de las 37 mil 090 hectáreas de tierras de cultivo que se trabajaron ese año.
Lo que vino después fue inusitado. En tan solo 17 años, la superficie de soya sembrada en este territorio maya creció más de 22 mil veces. Hopelchén se ubicó, con 49 mil 870 hectáreas, como el municipio con la mayor producción de soya a nivel nacional durante 2021.
Esta expansión se dio en lugares que ya se ocupaban para otros cultivos, pero también en terrenos que tenían cobertura forestal, sitios donde antes había selva.
Un análisis realizado por Global Forest Watch y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI)-México, al cual Mongabay Latam tuvo acceso, muestra que del 2001 al 2021, el municipio de Hopelchén perdió, por lo menos, 153 mil 809 hectáreas de cobertura arbórea, superficie que representa tres veces la isla de Cozumel, una de las más grandes del país.
El doctor Edward Allan Ellis, del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, quien desde más de una década da seguimiento al proceso de deforestación en la Península de Yucatán, ubica el 2005 como el momento en que se disparó la pérdida de selva en Campeche; ese fue el segundo año en que se sembró soya en Hopelchén, abarcando 2 mil 315 hectáreas de terreno, más de 11 veces el área que había ocupado un año antes.
Los subsidios del gobierno para fomentar la siembra de soya, la estabilidad en los precios pagados por la leguminosa y la cercanía de Hopelchén con la zona industrializadora de granos y oleaginosas, ubicada en Mérida, han sido elementos que incidieron en la expansión de la soya en este municipio. Así lo ha documentado en publicaciones científicas Flavia Echánove Huacuja, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM.
Monocultivos que destierran a la biodiversidad
El campo menonita de Santa Fe, al norte de Hopelchén, es otra área que le ha ido ganando terreno, literalmente, a la selva. Los menonitas comenzaron a instalarse en ese sitio desde la década de los 80, dice un campesino y apicultor de la comunidad de San Juan Bautista Sahcabchén, vecina del asentamiento.
En donde hoy se ubica el campo menonita de Santa Fe —recuerda el apicultor— antes crecían especies como el dzidzilché (Gymnopodium floribundum Rolfe), árbol muy apreciado por los apicultores por la alta calidad de la miel producida a partir del néctar de sus flores. También había kitinchés (Caesalpinia gaumeri), jabines (Piscidia piscipula) y tzalames (Lysiloma latisiliquum). Hoy solo pervive una hilera de kibixes —arbusto cuyas flores también son polinizadas por las abejas—, detrás de la cual se extienden campos de arroz, otro monocultivo que en los últimos años se impulsa en Hopelchén. El apicultor explica que en otras temporadas en estos terrenos se sembró soya.
El desmonte de esta zona también ahuyentó a los animales que ahí vivían.
“Había pavo de monte, puerco de monte, venados, en la aguada —acumulaciones de agua que se forman en las depresiones naturales durante época de lluvia— había como cuatro o cinco cocodrilos grandes, pero pues al llegar esos menones (como algunos pobladores les dicen a los menonitas) a enterrar las aguadas y todo, pues ya los animales se fueron yendo, fueron perdiendo su hábitat”, dice el apicultor de 67 años. La diversidad de árboles también permitía que ahí se instalaran apiarios. Eso también se perdió.
El apicultor rememora ese pasado sentado a la sombra de un árbol, en el centro de la comunidad. A unos metros, un colorido mural con la imagen de una abeja recuerda la importancia de este insecto en Hopelchén, el segundo municipio que más miel produce en Campeche, de acuerdo con el Atlas Nacional de las Abejas y Derivados Apícolas, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Además de sostener económicamente a unas mil 500 familias apicultoras de Hopelchén, la abeja también es parte de la identidad maya y símbolo de la lucha por la defensa del territorio. “Nosotros trabajamos así poquitas áreas, pero ellos (los menonitas) empezaron a llegar y empezaron a destruir cantidades de hectáreas”, recuerda el apicultor. “Imagínate cuánto monte se destruyó, cuánta fauna no se ahuyentó, cuántas aguadas no se perdieron”.
Los menonitas, un grupo religioso y étnico de origen europeo y que forja su existencia alrededor de la agricultura, llegaron a México en la década de los 20, con el apoyo del presidente Álvaro Obregón. En ese entonces, se instalaron en Chihuahua, al norte del país.
Décadas después, la falta de agua y búsqueda de tierras nuevas para la agricultura los llevó a migrar al sur. A partir de los años 80, comenzaron a instalarse en Hopelchén. Ahí recibieron todas las facilidades de los gobiernos municipal y estatal para hacerse de territorio, sin importar que con ello se abriera aún más la puerta a la pérdida de la selva maya que ya se vivía en el lugar por la ganadería y el impulso de la agricultura mecanizada.
Los menonitas viven fuera de las comunidades mayas, en espacios conocidos como campos que suelen colindar con los poblados tradicionales o con terrenos ejidales. El límite entre un espacio y otro se reconoce cuando al terreno deforestado le sigue un área cubierta de árboles. En los últimos años se han agravado los conflictos y las confrontaciones entre menonitas, ejidatarios —incluso mayas— que rentan o han vendido sus tierras para cultivos agroindustriales y apicultores o pequeños productores que buscan conservar la selva. La tensión que se vive en la zona se nota, incluso, cuando la gente de las comunidades, como el apicultor de San Juan Bautista Sahcabchén, pide no ser identificada en las entrevistas para evitar represalias.
Desmonte que sigue impune
Eliminar la vegetación de un área forestal para darle otro uso a ese terreno no se puede hacer a voluntad. Para realizarlo, se requiere contar con un permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la dependencia puede otorgar esa autorización de manera excepcional, siempre y cuando se demuestre que se mantendrá la biodiversidad de los ecosistemas afectados y que se mitigarán impactos como la erosión de los suelos, la reducción del agua o el deterioro de su calidad. Así lo señala la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en 2018.
La ley también indica que en terrenos donde la pérdida de cubierta forestal haya sido ocasionada por desmonte, tala o incendio, la Semarnat no puede autorizar cambios de uso de suelo sin que hayan transcurrido 20 años y que se haya acreditado la regeneración de la vegetación forestal.
A quien desmonte, destruya la vegetación natural, tale árboles o cambie el uso de suelo forestal sin contar con la autorización de Semarnat, el artículo 418 del Código Penal Federal precisa que se le “impondrá una pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa”; lo que representa entre 12 mil y 370 mil pesos (de 575 a 18 mil dólares). En Hopelchén estas disposiciones han sido ignoradas.
De 2015 a febrero de 2022, las autoridades de la Semarnat no autorizaron cambios de uso de suelo forestal en el municipio de Hopelchén, de acuerdo con solicitudes de información realizadas por Mongabay Latam.
En ese mismo periodo, solo en una ocasión se solicitó un cambio de uso de suelo en terrenos forestales para transformarlos en terrenos agrícolas en Hopelchén. El ejido Xmabén fue el que presentó la solicitud en 2020. La autorización se negó. Aun así, la pérdida de cobertura forestal avanza implacable en los terrenos del ejido, de acuerdo con las imágenes satelitales.
En el mismo periodo, de 2015 a febrero de 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia encargada de vigilar que se cumpla con la ley ambiental, abrió 69 procedimientos (acciones administrativas) por el posible cambio de uso de suelo forestal en Hopelchén. De hecho, fue el municipio de Campeche donde más procedimientos se realizaron, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información.
En 32 procedimientos, Profepa no entregó la información sobre la superficie afectada por el desmonte. En los 37 restantes, el cambio de uso de suelo forestal sin autorización y en donde existió una denuncia representa tan solo un total de 930.83 hectáreas.
De los 69 procedimientos que se abrieron en Hopelchén desde 2015, la Profepa solo tiene registro de que existió una sanción en 15 de ellos.
“Hay deforestación ilegal todos los días… Hay esta omisión de parte de las autoridades competentes para sancionar a quienes estén incurriendo en esta actividad ilegal”, dice con firmeza una apicultora sentada en el pórtico de su casa.
La mujer que habla de cómo se pierde la selva es integrante del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, organización que trabaja en la defensa del territorio maya desde hace poco más de una década. El detonante de su lucha fue una inusitada y masiva muerte de abejas que se registró en 2010.
Al investigar por qué encontraban muertas a cientos de abejas descubrieron que en los grandes campos agrícolas menonitas se utilizaba un gran volumen de plaguicidas; el uso intensivo de agroquímicos se relacionaba, a su vez, con la popularidad que ganaba la soya —la mayoría transgénica y comercializada por la trasnacional Monsanto— como un cultivo más rentable que el maíz híbrido. Eso provocaba el desmonte de la selva para ampliar la superficie de producción. Y todo esto era incentivado por el propio gobierno.
Descubrir lo que estaba detrás de la muerte masiva de abejas fue como jalar de una hebra suelta que termina deshilachando una prenda, pues reveló una cadena de problemáticas que estaban ocurriendo en el municipio. En el centro de todo estaba la expansión de la agroindustria.
Privatizar el territorio común y abrir paso al desmonte
En Hopelchén, un factor que ha favorecido la deforestación es el cambio en la propiedad de la tierra, pues ha permitido tanto a menonitas como a grandes productores agroindustriales —entre ellos, algunos mayas— hacerse de terrenos ejidales, a través de su compra o arrendamiento.
En 1992, la reforma constitucional al artículo 27 abrió la puerta a la privatización de territorios que hasta entonces eran de uso común. Además, un año después se lanzó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que propició la parcelación de ejidos y otorgó títulos individuales de derechos sobre terrenos de uso común.
Esta iniciativa gubernamental facilitó la privatización de tierras ejidales y de terrenos nacionales y propició que se parcelaran tierras de uso común con cubierta forestal, pese a que está prohibido en la ley agraria, así lo ha documentado la doctora en ciencias sociales Gabriela Torres-Mazuera en varias investigaciones, entre ellas la titulada Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán.
En Hopelchén, el Procede operó en 35 de sus 41 ejidos. Aun así, la mayoría optó por mantener el uso común del 91% de su territorio; solo seis ejidos parcelaron más del 9% de sus tierras colectivas, destaca Torres-Mazuera en un texto que forma parte del libro La regulación imposible: (I)legalidad e (I)legitimidad: Mercados de tierra en México al inicio del siglo XXI. A pesar de que el Procede no incidió significativamente en la individualización de las tierras ejidales en Hopelchén, permitió la identificación de terrenos nacionales que sucesivamente fueron convertidos a propiedad privada y luego puestos en venta; muchos quedaron en manos de menonitas, de acuerdo con la investigadora.
En los terrenos ejidales, la única transacción legal posible es que los ejidatarios establezcan contratos de arrendamiento o usufructo de tierras. Así que desde mediados de la década de los 90 son frecuentes los acuerdos entre algunos ejidatarios con productores agroindustriales, sobre todo menonitas, pero también algunos mayas y empresarios de otros estados.
De acuerdo con Torres-Mazuera, la renta de tierras se intensificó a partir de 2010. Una razón fue el impulso del cultivo de la soya, que en ese año ya se extendía por 7 mil 469 hectáreas de Hopelchén.
Un caso excepcional ocurrió con el ejido de Xmabén, al sur de Hopelchén: una sexta parte de sus 36 mil 808 hectáreas de superficie terminó en manos de menonitas.
De acuerdo con la investigación de Torres-Mazuera, a finales de 1990, un grupo de menonitas negoció con los ejidatarios de Xmabén para comprarles 5 mil 656 hectáreas (unas 3 mil 500 eran selva). En 1999 se concretó la negociación: 21 menonitas fueron reconocidos como avecindados del ejido —cuando en realidad no lo eran— y casi de inmediato como ejidatarios. La asamblea ejidal les asignó 5 mil 100 hectáreas en usufructo por 30 años.
Algunos ejidatarios denunciaron la ilegalidad del acuerdo, ya que los menonitas no cumplían con un requisito de ley: ser avecindados del lugar; es decir, llevar un tiempo viviendo en el ejido. De nada sirvieron sus reclamos, las autoridades de la Procuraduría Agraria no invalidaron el proceso.
En 2008, el ejido Xmabén se dividió legalmente y los menonitas crearon el ejido Nuevo Durango que abarca 5 mil 669 hectáreas, de acuerdo con el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. Esa extensión representa casi 17 veces el tamaño del Central Park de Nueva York. Las imágenes satelitales muestran que a partir del 2000 (al año siguiente de que la asamblea ejidal los dotó de tierra), el lugar comenzó a perder su cobertura forestal.
Tan solo en cinco años, los terrenos que se encuentran entre el ejido Xmabén y el campo menonita Nuevo Durango perdieron aproximadamente 971 hectáreas, de acuerdo con un análisis de imágenes satelitales realizadas por Mongabay Latam.
Subsidios que alientan el desmonte
Una política gubernamental clave para el impulso de la siembra de soya fue la reconversión productiva en la Península de Yucatán, de acuerdo con la investigación La nueva política en México agrícola en México y los pequeños productores de maíz en la Península de Yucatán (2019-2021), de la investigadora Flavia Echánove Huacuja.
En 2009, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón implementó un programa para sustituir cultivos, como el maíz, por oleaginosas, entre ellas la soya, ya que su producción no solo se consideraba más rentable, sino necesaria para disminuir las elevadas importaciones de soya.
Esta reconversión se dio a través del Proyecto Estratégico Pro Oleaginosas. De acuerdo con Echánove, este programa gubernamental apoyó mayoritariamente a medianos y grandes productores, para quienes los subsidios fueron un incentivo para mantener o emprender cultivos de soya, mientras que los pequeños productores de maíz quedaron desprotegidos.
Campeche fue el principal escenario de la reconversión de maíz a soya, lo que incidió en su expansión y fortaleció aún más el modelo de agricultura industrial en esa región, de acuerdo con Echánove. Aunque en los dos últimos años del sexenio calderonista, la siembra de soya en Hopelchén disminuyó, se dinamizó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; desde entonces solo ha ido en aumento, a pesar de que el programa Pro Oleaginosas dejó de operar en 2017.
Otro programa que favoreció la producción de soya fue el de Agricultura por Contrato, que formalizó acuerdos de venta anticipada con los compradores, es decir, que aseguraba el mercado, además de dar incentivos por cada tonelada vendida. Según la investigación de Echánove, este apoyo se daba en cultivos de soya, siendo el principal ingreso para quienes la trabajaban, “importante razón por la que cada vez más personas se interesan por sembrarla”.
A partir de 2008, los productores y compradores de soya de la Península de Yucatán empezaron a recibir subsidios de este programa, siendo los principales beneficiarios los productores menonitas de Campeche y dos grandes productoras de soya, según la investigación. Estos subsidios se otorgaron sin importar si la soya se producía en terrenos donde se había dado un cambio de suelo forestal sin contar con autorización.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador desapareció el programa de Agricultura por Contrato. Eso no ha impedido que la producción de soya siga recibiendo estímulos gubernamentales. Por lo menos así fue en 2019.
El padrón de beneficiarios de apoyos a la comercialización otorgados por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), y el más reciente que está disponible en su página, muestra que durante 2019 se entregaron más de 168 millones de pesos (alrededor de 8 millones de dólares) en estímulos a productores de Campeche. De ese monto, 120 millones (poco más de 5 millones de dólares) fueron para productores de soya, así como para Sociedades de Producción Rural (SPR), figura que facilita adquirir insumos y créditos, pero que también se ha usado para privatizar terrenos ejidales, según lo ha documentado la investigadora Torres-Manzuera. Las SPR recibieron los mayores montos de estímulos gubernamentales en 2019, de acuerdo con el listado de beneficiarios.
El 61% de los beneficiarios ese año fueron menonitas, quienes recibieron apoyos de manera individual y a través de las SPR. Entre las sociedades apoyadas que pertenecen a menonitas de Hopelchén, de acuerdo con información del Registro Público de Comercio, están Agro Productos de Hopelchén, Agro Servicios La Trinidad, Comunidad Durango Hopelchén, El Valle del Temporal, Los Temporales Hopelchén y Patio Rosa Yalnón. En conjunto, estas SPR recibieron 26 millones 230 mil pesos (alrededor de 1 millón 256 mil dólares) en 2019.
Otras Sociedades de Producción Rural integradas por menonitas y que recibieron apoyos en Campeche son La Temporada (11 millones de pesos, unos 500 mil dólares), Productores de los Chenes (10 millones 300 mil pesos, casi 500 mil dólares), Sol del Jardín (poco más de 9 millones de pesos, 430 mil dólares) y Las Flores de Kauenhofen (más de 8 millones de pesos, alrededor de 383 mil dólares).
Ganan unos, pierden todos
Identificar una planta de soya es fácil. Sus vainas son parecidas a las de los chícharos, pero con pequeños pelillos; su semilla suele ser redonda y amarilla. Es precisamente esa semilla la que hace tan codiciada a esta oleaginosa en la industria de alimentos a nivel mundial, pues se utiliza para obtener aceite, proteínas o harina para elaborar alimento para el ganado.
El estudio La larga sombra del ganado, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y la Iniciativa para la Ganadería, Medio Ambiente y Desarrollo (LEAD, por sus siglas en inglés), destaca que el aumento en la producción de carne a nivel mundial y la reducción del precio de los granos desde 1950 favorecieron que cereales y oleaginosas fueran más atractivos para la elaboración de piensos para el ganado. Esta combinación de factores derivó en un boom del cultivo de granos para la elaboración de alimento para animales. En el caso de la soya, su producción se intensificó a principios de los 2000, sobre todo para abastecer la demanda de piensos.
Una investigación sobre cadenas de valor de la soya, realizada por el Proyecto México para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, señala que el 90% de la soya producida en la Península de Yucatán es comprada por la empresa Proteínas y Oleicos, que es también la principal compradora de soya importada. El 10% restante lo adquiere la compañía Pollo Industrializado de México (Grupo Crío), que la utiliza para alimentar a sus aves. Las empresas no respondieron a las solicitudes de entrevista hechas por Mongabay Latam.
La empresa Proteínas y Oleicos fue creada el 17 de abril de 2002 y se dedica a la siembra, exportación, importación e industrialización de granos y semillas para obtener aceite comestible y grasas vegetales, de acuerdo con los documentos disponibles en el Registro Público de Comercio. Se trata de una compañía que forma parte del Grupo Industrial Xacur, cuyo presidente es Jacobo Xacur Eljure. La familia Xacur, de origen libanés, tiene una notoria influencia económica en el sureste del país por la diversidad de sus negocios: son productores de harina, tienen franquicias de comida rápida, han incursionado en la ganadería, el transporte de carga y los empaques de cartón.
Además de tener una empresa dedicada al procesamiento de soya, Jacobo Xacur también la produce. A través de la Sociedad de Producción Rural El Yibel, Xacur siembra soya en El Cenit o Rancho El Cenit, ubicado en los límites de los municipios de Hopelchén y Campeche. En un estudio de impacto ambiental presentado ante Semarnat en 2009 se señala que ese rancho producía 2 mil toneladas de soya al año.
El Yibel es una de las 19 Sociedades de Producción Rural que en 2019 recibieron un subsidio del gobierno para la siembra de soya en Campeche, por un monto de 3.1 millones de pesos (unos 143 mil dólares).
Proteínas y Oleicos ha sido también una constante contratista del gobierno federal. Entre 2005 y 2021, recibió 860.4 millones de pesos a través de mil 916 contratos con Diconsa, empresa de participación estatal mayoritaria que abastece de productos básicos a poblaciones rurales en el país. En todos esos años, la empresa solo concursó por uno de esos contratos; el resto le fueron otorgados por adjudicación directa para la compra de aceite vegetal, manteca vegetal y aceites comestibles, entre ellos de soya.
Mongabay Latam solicitó entrevistas con representantes de las empresas Proteínas y Oleicos y El Yibel, pero no recibió respuesta.
Territorio maya que se queda sin selva
Al recorrer los caminos que conducen a las comunidades mayas de Hopelchén es posible ver los extensos terrenos para agricultura mecanizada y las parcelas tradicionales que se extienden al pie de las elevaciones de terreno, los lugares en donde aún se preserva la selva.
La preocupación de apicultores, que forman parte de organizaciones como el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, es que si la deforestación continúa, la selva se pierda por completo, y con ello la apicultura, pues las abejas no tendrán la diversidad de flores para pecorear, sobre todo porque los monocultivos tampoco dan pie a que en esos extensos terrenos crezcan otros frutos o plantas.
En los casos más extremos, ni siquiera hay hierbas crecidas alrededor de las plantas de soya, lo que puede ser un indicio del uso de glifosato, herbicida que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como posible cancerígeno para humanos. Fue creado por Monsanto, la misma empresa que diseñó la soya transgénica como un cultivo que resistiera, precisamente, a su propio herbicida.
La soya transgénica es una amenaza latente para los apicultores de Hopelchén desde 2012, cuando tuvieron las primeras noticias de su uso en los cultivos agroindustriales que ya se propagaban. La contaminación que causaba a la miel y los daños a las abejas los llevó a emprender una batalla judicial para que se prohibiera su uso. Eso lo consiguieron en 2015. Sin embargo, la persistencia del uso del glifosato les hace sospechar que la soya transgénica se sigue empleando. Además de ese herbicida, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes ha detectado otros plaguicidas como carbofurán y clorpirifós, considerados altamente peligrosos por la OMS.
El uso de plaguicidas no es la única consecuencia de la deforestación en Hopelchén. Estudios científicos han señalado que la destrucción de hábitats naturales a causa de la deforestación también causa que la vida silvestre quede sin refugio, los periodos de lluvias y sequías se alteren y se acelere el cambio climático. Además, se amenaza el modo de vida de las comunidades que dependen de esos hábitats para su sustento.
Un problema adicional —explica el doctor Ellis— es que la fragmentación de la selva provoca la degradación de la cubierta forestal; es decir, empieza paulatinamente a tener menos biomasa y, por lo tanto, menos agua y biodiversidad. Al final, esos bosques pierden la capacidad de proveer servicios ambientales. “Donde hay deforestación —explica el investigador— hay mucha degradación, casi el doble. No necesariamente las áreas degradadas son áreas de pequeños agricultores o de milpa, sino son estas zonas más de agricultura comercial y de ganadería”.
A nivel mundial, la deforestación que ha provocado el cultivo de soya en lugares como la Amazonía ha prendido las alarmas desde hace varios años.
En noviembre de 2021, la Comisión Europea propuso que las empresas que quieran exportar sus productos a los 27 países miembros de la Unión Europea deben cerciorarse de que su cadena de suministro no esté asociada a la deforestación; esta iniciativa incluyó varios productos, entre ellos la soya.
Mientras en otras latitudes se han empezado a tomar acciones y responsabilizar a toda la cadena que participa en la industria, en el sureste mexicano la deforestación no hace sino avanzar. Lo que ocurre hoy en Hopelchén ya se replica en otros municipios de la Península de Yucatán.
En Bacalar, Quintana Roo, no se cultivaba soya hasta 2013, y a partir de entonces cada año se han sembrado por arriba de las mil hectáreas, de acuerdo con datos del SIAP. En Tizimín, Yucatán, ha ocurrido algo similar que en Hopelchén: de no cultivar soya, en 2013 empezaron a aparecer cultivos hasta alcanzar 6 mil hectáreas en 2019. También en el municipio de Campeche el cultivo de soya creció entre 2012 y 2020.
Un acuerdo y muchas expectativas
El 12 de agosto de 2021, la Semarnat instaló lo que llamó “una mesa permanente de diálogo” cuyo objetivo es detener la deforestación en Hopelchén. En ella participaron autoridades federales y representantes de las comunidades menonitas de Santa Fe, Santa Rosa, Chaví, Nuevo Progreso, Trinidad, Nuevo Durango, Yalnón, Temporal y Valle Nuevo.
Los acuerdos que se establecieron ese día son que las comunidades menonitas se comprometían a detener todas las actividades de deforestación, que participarían con las autoridades municipales, estatales y federales en el ordenamiento ecológico, y que se tendría una mesa de atención permanente, explica en entrevista la titular de la Semarnat, María Luisa Albores.
Uno de los temas que atendería esa mesa de trabajo es “agilizar gestiones ante la Semarnat para regularizar y legalizar actividades productivas”, según el comunicado oficial sobre el acuerdo. “Esto de regularizar la parte de lo que ya está deforestado —remarca Albores— es hacer una revisión técnica. Nuestro objetivo es trabajar directamente con los parceleros, los dueños de (la tierra), y a lo mejor buscar esquemas que económicamente les sean viables”.
Albores rechaza que una regularización fomente la impunidad para quienes han realizado cambios de uso de suelo forestal sin tener autorización o que sea un incentivo para que se siga haciendo. “Al contrario, el objetivo es completamente diferente: ordenar”.
La estrategia del gobierno es impulsar un ordenamiento ecológico, un instrumento de la política ambiental para consensuar usos de un territorio, con el objetivo de alcanzar un balance entre actividades productivas y protección de los recursos naturales.
El acuerdo también establece que se revisarán las denuncias administrativas y penales que existen en contra menonitas, así como acciones de reparación y mitigación de daños ambientales. Hasta la publicación de este trabajo, la Profepa no había informado sobre algún acuerdo de reparación y mitigación en Hopelchén.
Para el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes las mesas de diálogo con los menonitas son una respuesta insuficiente, “porque no hay un mecanismo de seguimiento (…) Entonces, mientras a uno no le duela el castigo, pues lo va a seguir haciendo”, considera una de sus integrantes.
Ni el colectivo ni la sociedad civil de Hopelchén fueron incluidos en las mesas de diálogo, porque se trataba de un acuerdo directamente con las comunidades menonitas, justifica Albores.
La funcionaria también señala que han empezado a dar seguimiento a denuncias de apicultores y que paralelamente al proceso de elaboración del ordenamiento ecológico, se han desarrollado jornadas informativas con los núcleos agrarios de Hopelchén.
Quienes padecen los impactos de la deforestación esperan acciones más contundentes y rápidas. La urgencia no es pueril. La deforestación ya provoca conflictos dentro de las comunidades, según el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes. Para sus integrantes, una solución real tiene que estar bien planeada, ser estratégica y proponer alternativas a los productores.
“Yo en realidad no estoy en contra de los menonitas, estoy en contra de la forma de su cultivo”, dice el apicultor de Bolonchén de Rejón. Para el apicultor, por encima de las acciones de los menonitas ha estado el gobierno que ha favorecido intereses económicos en detrimento del cuidado del ambiente. Y con ello ha transformado no solo el panorama de Hopelchén, sino las vidas de sus habitantes. “¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Realmente me da coraje, porque como se lo digo, cambian un cultivo por una forma de vida”.
Con información de Animal Político
