Un equipo de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha desarrollado una herramienta digital que hace visible la compleja realidad del campo mexicano. Con este sistema, denominado Geovisualizador Agrario, se han identificado prácticas ilegales relacionadas con el uso de las tierras de propiedad social, como la renta prolongada de parcelas ejidales —por plazos de hasta 30 años— para proyectos industriales, mineros y energéticos.
El Geovisualizador Agrario combina métodos de geografía e informática y permite observar mapas interactivos con capas de información que incluyen datos sobre núcleos agrarios, expropiaciones, megaproyectos y territorio indígena. De este modo, es posible detectar cambios de uso de suelo y otras transformaciones que afectan a miles de comunidades rurales.
La iniciativa fue creada por los geógrafos Isabel Velázquez Quesada, profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, y Yannick Deniau, investigador asociado de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Durante su presentación en el ciclo de charlas Escenarios de la catástrofe, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, los investigadores expusieron que en ocasiones empresarios aparecen en los padrones ejidales, lo que les permite gestionar la desincorporación de parcelas.
Deniau explicó que muchas de estas parcelizaciones se llevan a cabo en áreas forestales o selváticas, a pesar de que las leyes ambientales prohíben estas operaciones. Incluso se ha documentado la compra de terrenos de uso común —intransferibles por ley— por parte de compañías mineras.
Por su parte, Velázquez detalló que el proyecto surgió con el propósito de integrar la cartografía oficial del Registro Agrario Nacional con otros datos generados por su equipo, a fin de ofrecer una herramienta abierta que facilite análisis territoriales y respalde procesos de organización comunitaria.
La plataforma proporciona información sobre la superficie y el destino de los núcleos agrarios, su origen histórico, los cambios en su uso, las expropiaciones realizadas, así como la relación de estas tierras con áreas naturales protegidas y asentamientos humanos. Todo ello permite conocer con detalle las transformaciones de la propiedad social en México.
Actualmente, se estima que alrededor del 50.7% del territorio continental e insular del país corresponde a propiedad social, distribuida en casi 30 mil núcleos agrarios. Estas regiones, que agrupan a más de 28 millones de personas —incluidos cinco millones de población indígena—, han sido escenario de dos grandes etapas de reparto agrario, durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas del Río y Gustavo Díaz Ordaz.
Oaxaca encabeza la lista de entidades con mayor número de núcleos agrarios, seguida por Baja California y Yucatán. En contraste, la Ciudad de México cuenta con la menor cantidad, acompañada por Tamaulipas y Nuevo León.
Según los investigadores, el Geovisualizador Agrario puede consultarse en línea y ofrece recursos que pueden aprovecharse en asambleas, foros comunitarios y procesos organizativos. Al interactuar con las capas de información, cada usuario puede generar su propio mapa y explorar de forma más precisa el territorio.
Fuente: dgcs.unam.mx
