Por Nelly Toche
En 2010 fue la primera vez que EU impuso una sanción similar a esta, sin embargo no se hizo nada, en lugar de invertir en una cultura de la legalidad se hizo una simulación.
“Estamos en un punto de inflexión, con la llegada del nuevo comisionado de pesca Octavio Almada, se tiene esa oportunidad de dar un giro a lo que ha venido pasando y transformar cómo va a ser la pesca mexicana en el futuro, él tiene la posibilidad y la clave será la coordinación”.
El pasado 30 de abril el Registro Federal de Estados Unidos dio a conocer que la importación de camarón proveniente de México quedaba suspendida ya que su pesca en altamar incurría en deficiencias de Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET).
Alejandro Castillo, director asociado de Conservación y Pesca Sostenible de Pronatura Noroeste, opina que esto habla de una necesidad de cambio. “En efecto, vivimos en un país en el que incumplir la ley generalmente no tiene consecuencias, pero de pronto sí pasa, y no porque nuestras autoridades sancionen sino porque al mercado le importa, y están dispuestos a hacer lo que puedan para generar que sus consumidores reciban un camarón regulado”.
Dijo que este es un llamado de atención muy duro y costoso, incluso se habla de hasta 300 millones de dólares al año por la pérdida de estas exportaciones, “debemos entender que el mercado cada vez está más deseoso de tener productos que no tengan impacto ambiental y social negativos. Si no somos capaces de producir productos del mar que aseguren que no están generando pérdida de biodiversidad, las consecuencias serán graves en muchos sentidos”.
Castillo agregó que debe haber una nueva mentalidad en el sector productivo, generar una cultura de la legalidad y que el gobierno promueva y motive la protección y vigilancia. El reto es grande, pues vigilar el mar es sumamente complicado, son grandes extensiones con muchas embarcaciones y variedad, por ello se requiere una estrategia integral de combate a la pesca ilegal que considere tanto el trabajo en el mar, como muchas acciones en tierra, diseñar programas y ejercer el Estado de derecho.
Para ello, la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) tiene una responsabilidad muy importante, “su gran reto es trabajar con la Secretaría de Marina y Profepa y lograr convencer de que se tiene que detener la pesca ilegal y restaurar el Estado de derecho, esto es cuestión de seguridad nacional, seguridad para las pesquerías y la única manera que podrían revertir las fuertes sanciones que hoy vemos con el camarón”.
El impacto ambiental
El representante de Pronatura también hizo énfasis en que hay una realidad ineludible, en este año y medio que no se utilizaron las DET ¿qué pasó con las poblaciones de tortuga, cuántas murieron? “No tenemos datos al respecto, pero recordemos que la pesca de arrastre tiene un impacto ambiental importante, esos impactos no son considerados en estas acciones pero es parte de la situación”.
Ahora, en el hipotético caso de que esta sanción durara un año, el ecosistema marino tendría un año para recuperarse y restablecer buena parte del fondo marino, esto podría ser interesante desde el punto de vista de investigación para entender qué es lo que pasa en el fondo del mar cuando se le deja respirar. Este es un punto que se ha dejado de lado, explicó Castillo.
En México para la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil que tienen como misión buscar el desarrollo en armonía con la naturaleza, la pesca sostenible es la respuesta, “nosotros estamos totalmente a favor de la pesca, creemos que es una actividad sumamente importante y si se hace bien puede ser un motor para combatir la pobreza, ganamos todos”.
Concluyó que existen diversas herramientas tecnológicas y experiencias para incrementar el cumplimiento y reducir los costos operativos, “tenemos muchos ejemplos, como cámaras de largo alcance, radares, tecnología satelital, hemos aprendido muchísimo de cómo mejorar la inspección y vigilancia, todo a disposición de la autoridad para ayudar a resolver estos grandes problemas, como la ilegalidad en el mar y evitar este tipo de sanciones”.
Con información de El Economista
