Los agricultores del norte expresan su preocupación por un valor de venta que los empuja hacia la bancarrota, al mismo tiempo que el Gobierno busca encontrar una solución negociada para preservar la cosecha del principal componente de la alimentación en México.
El sofocante calor de Culiacán hace madurar el maíz dorado que Heriberto Uriarte cosecha. Como agricultor, Uriarte tiene que entrecerrar los ojos para abarcar con la vista sus 400 hectáreas de cultivo dorado, deslumbrado por el resplandor del sol. La inmensidad del terreno le produce vértigo, no solo por su extensión, sino también por la presión que enfrenta. Uriarte apenas tiene tiempo para reflexionar, debe cosechar todo antes de que se seque demasiado. «Estoy aguantando todo lo que puedo», admite, abrumado por la incertidumbre. Si siega el campo ahora y recolecta el maíz, significaría venderlo al precio internacional: 5.200 pesos por tonelada. Sin embargo, este año a Uriarte le ha costado producir esa misma cantidad 6.000 pesos en los terrenos que ha arrendado. En otras palabras, eso significaría la ruina.
La combinación de la guerra en Ucrania, el tipo de cambio y las políticas para contrarrestar la inflación ha creado la tormenta perfecta, causando el colapso del valor del producto y el aumento del costo de producción. El riesgo de vender a pérdidas llevó a Uriarte y a una multitud de campesinos en la misma situación a salir a las calles de la capital de Sinaloa con sus tractores, llenos de enojo y desesperación. Lograron ganar algo de tiempo al iniciar negociaciones con el Gobierno en busca de un precio justo, de una protección. Sin embargo, solo se ha encontrado una solución para una tercera parte de la producción del estado. El resto se encuentra acumulado en almacenes colapsados, formando montañas abismales de maíz blanco, esperando un comprador que pueda salvar la economía local del desastre.
La medida más rápida adoptada para que los campesinos abandonaran las calles y las instalaciones de Pemex en Puerto de Topolobampo fue asegurar la compra de una parte del problema. El Gobierno se comprometió a adquirir dos millones de toneladas de las seis que se producen en Sinaloa. Esta cantidad se comprará a un precio de garantía de 6.965 pesos por tonelada, tal como lo solicitan los productores. Sin embargo, aún quedan pendientes cuatro millones de toneladas sin un destino claro ni un precio establecido.
Baltazar Valdez Armentía, presidente de la asociación Campesinos Unidos, explica que la estrategia del Gobierno era reducir la oferta para aumentar el precio de la parte restante. Sin embargo, Segalmex, involucrado en el mayor escándalo de corrupción registrado hasta ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no solo fracasó en incrementar el precio, sino que también generó dos problemas adicionales. Al comprometerse a comprar solo las toneladas provenientes de los productores más pequeños, aquellos que poseen un máximo de 10 hectáreas, se generó el descontento entre el resto de los campesinos que quedaron excluidos de la protección. Además, las pocas bodegas en Sinaloa que pueden almacenar grano quedaron saturadas debido a la acumulación del producto adquirido por el Gobierno, lo que colapsó el almacenamiento para otros agricultores. Normalmente, en un año regular, el grano en las bodegas se va rotando a medida que se envía a los compradores y se rellena con nuevas cosechas, pero actualmente no hay compradores de maíz.
La acumulación de camiones frente a las bodegas, incapaces de descargar su producto, generó una mayor tensión. Los campesinos carecen de instalaciones adecuadas para resguardarlo del sol, lo cual podría dañar o incluso quemar su producto. Además, no están preparados para enfrentar los incendios forestales que surgen debido al intenso calor ni para lidiar con las inminentes lluvias que llegan con la temporada de huracanes. En situaciones extremadamente desesperadas, no les queda otra opción más que venderlo a precios muy bajos.
Esta situación fue la que impulsó una protesta campesina a gran escala, esta vez ocupando el aeropuerto de Culiacán y deteniendo el tráfico aéreo. Esto llevó el conflicto que anteriormente solo resonaba en los periódicos locales a la conferencia de prensa matutina del presidente. Con severidad, López Obrador advirtió: «Que se queden en el aeropuerto, pero no nos dejaremos chantajear por corruptos». Horas antes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, les sugirió a los manifestantes dirigirse a las sedes de las principales empresas compradoras de maíz blanco: «Los invito a que vayamos juntos a protestar contra los verdaderos responsables de la devaluación de sus cosechas: Gruma, Cargill y Minsa».
Valdez explica que un grupo de campesinos no puede enfrentarse solo a estas grandes industrias que controlan casi por completo el comercio del maíz en México. Señala: «No tenemos posibilidad de competir con todo su poder económico; es el Gobierno quien debe ayudarnos a negociar un precio justo con ellos». Él y su grupo se retiraron del aeropuerto y regresaron a sus hogares con sus tractores. Aunque las palabras del presidente afectaron el ánimo de los productores, lograron una pequeña victoria: el reconocimiento del problema a nivel nacional y el respaldo del Gobierno estatal para reanudar el diálogo. «Queremos ser parte de la solución, no estamos cerrados al precio», agrega en referencia a las negociaciones que se llevarán a cabo con la Administración, las empresas y los campesinos. La propuesta actual es que cada parte contribuya con un 33% de la diferencia entre el precio que necesita el campo y el precio que ofrece el mercado. En otras palabras, los campesinos aceptarán ganar menos y vender a un precio de 6.400 pesos por tonelada, las empresas aceptarán pagar un poco más y el Gobierno subsidiará el resto. Valdez se resigna al afirmar: «Es difícil vivir con tan poca ganancia, pero al menos evitaremos quedar endeudados».
El miedo de no poder pagar los préstamos es lo que angustia a campesinos como Uriarte. Él, al igual que la mayoría, solicitó un préstamo bancario antes de la temporada de siembra. «Si hubiera sabido esto, no me habría involucrado», admite. En octubre, solicitó el préstamo para cubrir los costos de los fertilizantes, las semillas, el diésel para las máquinas, los permisos para el uso del agua, así como el arrendamiento de tierras con el objetivo de aumentar la producción, considerando las buenas perspectivas de temporadas anteriores. El plazo para pagar esa deuda vence en julio, cuando normalmente ya habría vendido toda su cosecha. Ahora, no sabe quién comprará su maíz ni cuánto dinero recibirá por él.
Omar Ahumada, asesor de la asociación AARC de agricultores y profesor de Ingeniería de Agronegocios en la Universidad Autónoma de Occidente, explica que los créditos para la siembra son una de las razones del descontento en el campo. La Administración de López Obrador eliminó la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), conocida como Financiera Rural, que solía otorgar préstamos a los agricultores. Ahumada destaca: «La tasa de interés pasó del 3.5% al 11.25% con los créditos interbancarios de bancos privados para reemplazar a la financiera». En el caso de Uriarte, el crédito tiene un interés del 20%.
La falta de políticas públicas para subsidiar al campo se suma a la lista de factores que contribuyen a esta tormenta perfecta para una crisis agrícola. La extinción de los fideicomisos también llevó a la desaparición del Fondo para Desastres Naturales (Fonden), que brindaba respaldo a los campesinos en caso de pérdidas de cultivos debido a heladas, sequías o incendios. Ahumada relata: «En Estados Unidos, por ejemplo, que es un competidor directo de México en el Tratado de Libre Comercio, hay subsidios. Cuando Donald Trump tuvo un conflicto con China y perdió ese mercado comprador, otorgó 200 mil millones en subsidios para compensar las pérdidas de ventas».
El campo quedó desprotegido ante la falta de apoyo público cuando los precios de los fertilizantes se dispararon debido a la guerra en Ucrania, y la inflación provocó aumentos en otros insumos, como las semillas. Según el profesor, el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) eliminó aranceles a países como Argentina, Brasil y Sudáfrica, pero a principios de este año se impuso un arancel del 50% a la exportación de maíz blanco, con el objetivo de reducir el precio para el consumidor a expensas del productor. Ahora nos enfrentamos a la competencia mundial, ya que los precios han disminuido.
La compra de 521,000 toneladas de maíz blanco a Sudáfrica por parte del Gobierno para reducir el precio de las tortillas fue otro motivo de frustración para el sector agrícola. Sin embargo, esta medida no logró evitar el aumento en el precio de las tortillas. Ahumada señala que en Sudáfrica se cultiva maíz transgénico, el cual está prohibido para el consumo humano en México. Esta política en contra de los transgénicos también coloca al productor mexicano en desventaja frente al mercado internacional, ya que cultivar sin glifosato resulta más costoso y las semillas modificadas tienen un rendimiento superior.
El tipo de cambio actual entre el dólar y el peso ha agravado aún más la situación crítica del campo. Mientras México celebra la fortaleza del «superpeso» a poco más de 17 dólares por unidad, los campesinos que operan en dólares reciben menos pesos por su producto. Exportar se ha convertido en una opción poco atractiva.
Cristina Ibarra, presidenta del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa y profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, agrega otro factor relevante al panorama del campo. En México se produce más maíz blanco del que se consume, y cada año aumenta la cantidad de maíz cosechado debido a su rentabilidad. Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en 2022 se cultivaron 23.5 millones de toneladas de maíz blanco, pero solo la mitad se destinó al consumo humano. El resto, al no tener demanda nacional y enfrentar un arancel del 50% en las exportaciones, se destina al mercado agropecuario. El excedente de maíz blanco de excelente calidad, que se utiliza para alimentos tradicionales mexicanos como tortillas, tamales y pozole, se destina al consumo animal. Este cambio de destino, de humano a animal, reduce el valor del producto al nivel del maíz amarillo, a un precio de 5,200 pesos por tonelada.
El futuro de la próxima siembra se muestra incierto para Marte Nicolás Vega Román, presidente de la asociación CAADES. Advierte que si no se encuentra una solución ahora, en el próximo ciclo de cosecha no habrá suficiente dinero para sembrar ni bancos dispuestos a otorgar préstamos para intentarlo. Vega Román plantea una pregunta preocupante: «Si dejamos de producir, si nos declaramos en quiebra, ¿qué va a comer el pueblo mexicano? No existe en el mundo un maíz como el nuestro que no sea transgénico». Con esta afirmación, destaca la importancia del maíz mexicano y los riesgos que enfrenta si no se toman medidas para proteger su producción.
Con información de El País
