Peña Nieto vs. Yucatán. Una batalla “genpolítica”, es decir, una lucha en torno a los organismos genéticamente modificados (OGM) y, sobre todo, sus implicaciones socioculturales, económicas, políticas, técnicas y de conocimiento. En este caso, una disputa sobre si Yucatán será o no zona libre de OGM. El gobierno de Yucatán ya declaró que sí, con el decreto 418/2016 que se expidió el pasado 26 de octubre; este mes la Presidencia de la República respondió que no, al presentar una controversia constitucional sobre dicho decreto. ¿Qué es lo que está en juego en esta lucha “genpolítica”? Primero aclaremos el concepto.
Por: Rodrigo Llanes Salazar
El filósofo francés Michel Foucault empleó el término de “biopoder” para analizar cómo el poder actúa sobre la vida misma. Según Foucault, el biopoder tiene dos expresiones: 1) la “anatomía política” del cuerpo, es decir, la manera en que el poder “disciplina” los cuerpos de los individuos para volverlos productivos en lo económico pero dóciles en lo político (“Vigilar y castigar”, 1975). Y 2) la “biopolítica”: la manera en que el poder regula a las poblaciones; por ejemplo, a través del control de la sexualidad (“La voluntad de saber”, 1976).
La “genpolítica” puede entenderse como una forma de biopoder: el poder actuando sobre los genes. ¿Por qué hablar de “genpolítica”? Hay varias razones. En su polémico libro “El fin de la historia y el último hombre” (1992), el politólogo Francis Fukuyama pronosticó que en el mundo posterior a la guerra fría los descubrimientos de la biología serán los que determinarán el curso de la historia. Aunque no compartamos del todo este diagnóstico, podemos coincidir con la antropóloga Paula Sibilia en que en el capitalismo postindustrial contemporáneo la sociedad y la vida misma se entienden a partir de la metáfora de la “información”, ámbito en el que la biotecnología juega un papel predominante. “Se va esfumando la metáfora del hombre máquina”, escribe Sibilia; ésta “cede su lugar al modelo del hombre información… Al fin y al cabo, el ADN es un código: es pura información” (“El hombre postorgánico”, 2005).
Así, podemos decir con Sibilia que la “genpolítica” comprende a “la vida como información, como un código que puede (y debe) ser manipulado y corregido con ayuda del instrumento digital”. ¿Quién manipula y corrige estos códigos?, ¿para qué lo hacen?, ¿qué estrategias, dispositivos y luchas están implicadas?
La “genpolítica” también es geopolítica. Y esto es fundamental. En el caso de los OGM, son seis grandes empresas —algunas de ellas en proceso de fusión— las que controlan el mercado de las semillas transgénicas y sus paquetes tecnológicos (herbicidas y pesticidas).
Con la promesa malthusiana de acabar con el hambre en un mundo cada vez más poblado, las “seis grandes” buscan difundir y vender sus semillas de soya, maíz, canola, algodón y otros cultivos, de cuyas patentes son propietarios, en los países “en desarrollo” como México. Los dispositivos “genpolíticos” de estas empresas: las semillas, que son móviles, que se dispersan, que producen vida; las patentes, que imponen límites tanto en la producción de alimentos como en la de conocimientos, que generan ganancias.
Pero no es que en el mundo de la “genpolítica” las seis empresas tengan total dominio y el Estado haya desaparecido. Más bien, el Estado ha cambiado sus formas. El sociólogo Gerardo Otero acierta al hablar de un Estado “neorregulador”. El Estado mexicano no se ha retirado del campo “genpolítico”. En 2005 expidió la “Ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados” en la que, entre otras cosas, regula la creación de zonas libres de OGM. La cuestión es a favor de quién regula.
En su artículo 90, la Ley de bioseguridad establece que las zonas libres de OGM “serán determinadas por la Sagarpa mediante acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, previo dictamen de la Cibiogem, con la opinión de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, tomando en cuenta lo establecido en las normas oficiales mexicanas relativas a los productos agrícolas orgánicos”.
De acuerdo con dicha ley, son las “comunidades interesadas” las que deben hacer solicitud escrita, acompañada de la “opinión favorable de los gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos municipales de los lugares o regiones que se determinarán como zonas libres”.
El campo de batalla “genpolítico” en Yucatán es en torno a la soya genéticamente modificada (GM) desarrollada por Monsanto para ser resistente al herbicida glifosato. La siembra comercial de este cultivo fue autorizada por la Sagarpa en 2012, aunque el permiso fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015. Desde luego, lo que está en juego no es sólo la semilla de esta oleaginosa ni el daño que pueda causar si uno consume productos elaborados con esta soya.
Lo que está en juego en la batalla “genpolítica” en Yucatán en torno a la soya GM es la apicultura orgánica y su exportación al mercado europeo, el cual rechaza los productos transgénicos; la contaminación del agua por el uso intensivo del glifosato; la deforestación; la salud humana y de otras especies, pues el glifosato ha sido calificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para los seres humanos; la capacidad de los apicultores y milperos mayas de decidir su destino; y, en especial, un modelo de desarrollo en el cual, al sembrar soya GM, los productores estarían cada vez más “descalificados” agrícolamente y las ganancias se irían principalmente a los dueños de la patente de la soya GM, esto es, a Monsanto.
Es decir, es una batalla “genpolítica” que se combate no sólo en la esfera del Estado, sino también en el campo yucateco, en las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las calles e internet. Y no sólo en Yucatán. Las afectaciones de este cultivo son tan graves que el caso se presentó en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Panamá a inicios de este mes.
Por ello, desde 2012, más de dos mil apicultores y milperos mayas realizaron la solicitud de declarar a 10 municipios de Yucatán, en los que se sembraría soya GM, como zona libre de OGM. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), ha apoyado decididamente esta solicitud. Pero ya han pasado más de cuatro años desde entonces y no ha habido respuesta de la federación.
Ante la falta de respuesta de las autoridades federales, el gobierno de Rolando Zapata publicó el “Decreto 418/2016 por el que se declara al estado de Yucatán zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados” y en el que se propone impulsar la producción orgánica y sustentable. El asunto, como ya vimos, es de competencia federal, por lo que el gobierno de Yucatán ha marcado un precedente al tomar esta decisión. No extraña que algunos hablen de un “nuevo federalismo”.
Las respuestas de Monsanto y del gobierno federal no se hicieron esperar. La dirección general de Monsanto en México y América Latina inició una campaña desinformativa alertando que el decreto amenazaría a la industria alimentaria yucateca, ya que los barcos con granos de maíz y soya no podrían desembarcar en el puerto yucateco (“El Financiero”, 11 de diciembre). Ésta es una mentira tramposa, ya que el decreto es sobre la producción de OGM, no sobre su consumo.
Y finalmente, la reciente respuesta del gobierno federal. Era previsible que la federación interpusiera una controversia constitucional por el decreto de Yucatán. Sin embargo, no fue la Sagarpa la que presentó la controversia, sino la propia Presidencia de la República. La “genpolítica” no escapa a la judicialización de la política y ahora la batalla se librará de nuevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde luego, la movilización social y los medios también pueden incidir en la decisión.
A diferencia de la solicitud de los apicultores y milperos yucatecos, la respuesta de la federación al decreto del gobierno del Estado de Yucatán fue inmediata. ¿A qué intereses responde Peña Nieto?
Pd. Aprovecho este espacio para desearle a los lectores de Diario de Yucatán un muy feliz 2017.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
@RodLlanes
Investigador del Cephcis-UNAM
