Hay desidia de autoridades para actuar cuando la captura ilegal puede alcanzar el 50% de la producción pesquera.
Incremento en pesca ilegal se debe, entre otros factores, a la nula inspección y vigilancia, señala presidenta de la Comisión de Agricultura.
El Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, junto con la organización Oceana en México organizaron el foro “Retos de la pesca en México. Pesca ilegal, pérdida de certificaciones para exportación y deterioro de especies pesqueras”, este evento reunió a legisladores, líderes de comunidades pesqueras, el alcalde de Mazatlán y funcionarios de gobierno.
En su turno, la presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Nancy Sánchez Arredondo, consideró necesario que el marco jurídico responda a las necesidades reales del sector pesquero, y que la autoridad cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para la correcta aplicación de las leyes en el sector.
La legisladora señaló que entre las causas del incremento en la pesca ilegal o de la incursión de bandas delictivas en las comunidades pesqueras, está la nula inspección y vigilancia por parte de las autoridades.
Sánchez Arredondo dijo que se requiere un órgano institucional y estructura administrativa fortalecida, que respondan proactivamente a las demandas de este sector productivo.
Denunció que, a lo largo de los años, se ha manejado discrecionalmente la política pesquera, así como la entrega de permisos y concesiones “a usuarios que no se dedican a la actividad, pues sólo son intermediarios o prestanombres”, lo que es contrario a la Ley, que indica que se debe favorecer, preferentemente, a las comunidades pesqueras.
Además, asentó, se debe fortalecer la investigación científica autónoma, como una guía para fortalecer al sector y cumplir con el compromiso con la sustentabilidad, así como con el cuidado de los ecosistemas y el medio ambiente.
Por su parte, Renata Terrazas, directora de Oceana en México advirtió que la pesca ilegal crece en México al grado de que se calcula que más del 50% de la producción pesquera tiene este origen. Y convierte en tierra de nadie los mares mexicanos, toda vez que acaba con la vaquita marina en el Alto Golfo de California, daña la salud de los mares y afecta la economía de pescadores y del fisco.
Agregó que México, país con gran diversidad marina, con más de 300 mil familias que dependen de primera mano de la pesca, acaba con esta abundancia. Y la desidia de autoridades asegura un futuro muy oscuro de no actuar ahora. Se estima que la pesca ilegal no declarada ni reglamentada, podría representar el 50% del total de la captura.
Terrazas sostuvo que la pesca ilegal “dinamita” cualquier esfuerzo de las y los pescadores para realizar pesca sustentable “y los mares mexicanos se convierten en tierra de nadie donde cada cooperativa tiene que cuidarse a sí misma”.
Afirmó que quienes se dedican a la pesca ilegal desplazan del mar y de los mercados a pescadores que pagan impuestos y respetan vedas. “Cuando las y los pescadores salen al mar se encuentran con un desierto al que no pueden sacarle el producto necesario para comer o pagarlas deudas por combustible y motores”.
No obstante el panorama tan adverso, la directora de Oceana dijo que este problema tiene solución y no lo es mediante el incremento de la inspección y vigilancia en el mar con oficiales de Pesca o Marinos, exclusivamente.
Sino que tiene que venir de un uso inteligente de la tecnología y de acciones que funcionan en otros países. Advirtió Renata Terrazas, que este problema “ya comienza a acechar en los mercados internacionales y crea una imagen de México, donde parece que no nos importa”.
“Tan es así que México no ha firmado el Acuerdo de las Medidas del Estado Rector del Puerto, cuyo objetivo es reducir el espacio de acción de la pesca ilegal internacional y proteger a los nacionales de embarcaciones extranjeras que pescan ilegalmente”.
Y denunció que se replegaron a oficiales de Pesca y las responsabilidades de inspección y vigilancia “se encuentran en una tablita entre CONAPESCA y la Secretaría de Marina, en donde ésta última, carece del marco legal para realizar estas actividades. Esto nos deja sin un agujero sin salida”, apuntó.
Refirió que Oceana trabaja desde 2018 que llegó a México, en la aprobación de la norma de trazabilidad de pescados y mariscos que desde marzo de 2021 está detenida en CONAPESCA. Comentó que esto permitirá dar certeza de la legal procedencia de los productos del mar.
Se debe firmar el Acuerdo de las Medidas del Estado Rector del Puerto, que compromete a México a trabajar de manera coordinada con los países miembros.
También realizar el monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras “en zonas calientes”.
Sobre el particular, mencionó que actualmente se hace este monitoreo a cerca de 2 mil embarcaciones industriales. Aplicarlo a todas las embarcaciones, reducirá la pesca ilegal.
Además, se debe resolver el impasse entre CONAPESCA y Semar, para llevar a cabo las acciones de inspección y vigilancia y hacer las modificaciones legales necesarias.
Además, se deben hacer labores de inspección y vigilancia no solo en el mar sino en puntos específicos de la ruta comercial como son las fronteras y los mercados de pescados y mariscos.
En su momento, el senador Raúl de Jesús Elenes Angulo acotó que el fenómeno de la pesca ilegal es una consecuencia de los rezagos y malas políticas públicas implementadas a lo largo de los años, tanto en México como en el mundo.
“Todo lo que hagamos por este sector, será en beneficio directo de la calidad de vida de los mexicanos, por lo que desde el Senado continuaremos trabajando a favor de los pescadores mexicanos y los acuicultores”, precisó.
Bernardino Jesús Muñoz Reséndez, director General de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, asentó que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), indicó que, a nivel mundial, la pesca no reglamentada se encuentra entre el 20 y 30 por ciento.
“En el caso de México la pesca no declarada genera aproximadamente 400 mil toneladas”, lo que representa una gran problemática para colocar los productos pesqueros legales en los mercados internacionales.
El presidente municipal de Mazatlán, durante su intervención habló de la importancia del sector pesquero y refirió que dicho puerto del Pacífico, tiene el primer lugar en la industria del atún y del camarón, al que llamo “oro rojo”, con una captura en 2021 de 204 mil 237 toneladas de peso en vivo.
Esta producción dijo, es mayor que las de Tamaulipas, Nayarit, Veracruz y las dos Bajas Californias. Representa el 55% de la producción nacional. También tiene la segunda flota pesquera más grande.
“La pesca ilegal se lleva la tajada más grande. Y en el caso de Mazatlán, no solo daña a los pescadores sino a la sociedad en general, porque somos el principal puerto pesquero a nivel nacional, donde el 7.9% de la población se dedica a esta actividad”.
Señaló que la pesca crea 42 mil empleos directos e indirectos. Solo en las plantas camaroneras y atuneras trabajan 3 mil 600 personas, en su mayoría mujeres.
Comentó el alcalde mazatleco, que el atún es el segundo producto de mayor exportación, enero y en filete.
En el evento, que organizó el Instituto Belisario Domínguez, que preside el senador Miguel Ángel Osorio Chong, participaron, entre otros, Luis Guillermo Benítez Torres, presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa; Ana María Frías Salazar, presidenta de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Turísticas, Acuícolas y Artesanales de Yucatán; así como Renata Terrazas, vicepresidenta de Oceana, México.
Fuente: INFORURAL. Con información del SENADO DE LA REPÚBLICA y EL SOL DE MÉXICO.
