La delincuencia organizada diversifica sus actividades e incursiona en la tala clandestina en al menos seis entidades del país, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Entre 2018 y 2020 se atendieron mil 514 denuncias en materia forestal, de las cuales mil 179 fueron por tala ilegal, según estadísticas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Tan sólo en 2020, México perdió 127 mil 770 hectáreas de bosque, una deforestación superior a la del periodo 2010-2015, que fue de 91 mil 600 hectáreas.
“Es un problema muy muy serio, que ha ido creciendo porque hay un déficit de madera de la producción nacional, y ese déficit que ahí se cubre con importaciones o contabilidad mucha gente entra la tala ilegal porque hay un exceso de requisitos legales para poder hacer el aprovechamiento y prefieren muchas gentes irse por el camino fácil”, expuso en entrevista con El Financiero el director del organismo, León Jorge Castaños Martínez.
Agregó que para propiedades pequeñas es más fácil hacer relación con el comprador de madera ilegal y caer en sus manos en lugar de hacer los estudios que se requieren.
“Nosotros hemos definido seis regiones donde se está dando seriamente la tala ilegal, y creemos que solamente con el esfuerzo, más allá de la institución ambiental, con la concurrencia de la Sedena, de la Guardia Nacional y de la Unidad de inteligencia Financiera se puede lograr parar esta situación”, indicó.
Explicó que las deforestaciones a manos de grupos delictivos se identifican principalmente en Chihuahua; Tapalpa, Jalisco; la Costa Grande de Guerrero, y San Juan Atzingo, Estado de México, y en menor proporción en Sonora, Durango, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa y Querétaro.
La madera obtenida por los grupos delincuenciales crea distorsiones en el mercado legal, y constituye un tercio de la comercialización, de acuerdo con el Programa Nacional Forestal 2020-2024.
“A muchos grupos, ya no les resulta negocio la producción de algunas plantas, como la mariguana”, dijo.
Se ha detectado que células delictivas aprovechan pugnas internas de ejidos con proyectos sustentables comunitarios para incursionar en el control y manejo, aseveró.
Dijo que estos grupos atacan a los agricultores, saquean sus predios forestales y hasta se da el trasiego de la madera aserrada a plena luz del día.
Según el Anuario Estadístico de la Producción Forestal de 2017, el negocio de la madera ilegal rondaba los 7 mil 123 millones de pesos.
En el sur de Jalisco se han devastado 20 mil hectáreas de bosques y buena parte de ese terreno se ha transformado en campos de aguacate por coacciones de los grupos delictivos, de acuerdo con denuncias.
Incluso, los delincuentes entregan a los comuneros su reglamento basado en protección a cambio de una “cuota”, que consiste en una fracción de las superficies forestales.
Parte de esos tratos, según las carpetas de investigación, consisten en permitir a los comuneros bajar más madera de la autorizada, tributando un camión, sin la necesidad de documentos y con la garantía de no ser molestados por las células delictivas o por las autoridades.
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Fuente: El Financiero.
